España implantará la semana laboral de cuatro días en 200 empresas

gente trabajando jornada laboral 4 días

El plan piloto, que será de carácter anual, se dirigirá principalmente a los sectores de consultoría, programación, abogacía o arquitectura

Dos centenares de empresas, principalmente pymes, y entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Estos son los números que se plantean en la propuesta que Más País comenzará a discutir este viernes con el Ministerio de Industria para ensayar un plan piloto de cara a implantar la semana laboral de cuatro días o 32 horas semanales. Una iniciativa fruto de un acuerdo alcanzado entre la formación liderada por Íñigo Errejón y el Gobierno de coalición. El proyecto contará con un fondo de 50 millones de euros para compensar los incrementos salariales por hora derivados de la medida a las empresas que voluntariamente se sumen al proyecto. Las ayudas se otorgarán vía subvenciones, con cargo a los fondos europeos de recuperación económica, de los que 27.000 millones ya se han adelantado en los Presupuestos para 2021.

Entre los sectores a los que se pretende dirigir este plan, que será de carácter anual, destacan principalmente la consultoría, programación, abogacía, ‘telemarketing’ o arquitectura. Sin embargo, se busca sumar a otros sectores en principio menos receptivos a este plan, como es el caso de la hostelería. El objetivo pasa por comprobar al cabo de un año, aunque el seguimiento será continuo, si se han producido aumentos de la productividad y del bienestar de los trabajadores.

Para diseñar el plan y monitorizar sus efectos, se propone crear un grupo de expertos independientes, del ámbito universitario, que trabajen a modo de consorcio junto a sindicatos y patronal, además de los técnicos del Ministerio de Industria, que dirige Reyes Maroto. Se analizarán así los efectos en el mercado laboral de la reducción de la jornada, con vistas a impulsar en el futuro cambios legislativos en esta dirección.

El paquete de ayudas se destinaría en un principio a cubrir el 100% de los gastos por los incrementos salariales o de las transformaciones necesarias en materia de digitalización, pero se pretende que luego esta cantidad sea descendente en función de que se vaya aumentando la productividad o, por ejemplo, el ahorro en las empresas por la reducción de horas extra. Todos estos detalles comenzarán a concretarse a partir del próximo viernes, con una reunión entre el director de gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz, y el responsable de programa de Más País, Héctor Tejero, que abrirán el camino para que acaben de perfilar el proyecto Reyes Maroto e Íñigo Errejón a finales de mes. A partir de ahí, se abrirá el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios.

En su programa electoral, Más País defendía que esta medida presenta ventajas sociales y ambientales: «Reparto justo e igualitario de la carga de trabajo remunerado; mejor conciliación familiar para que el trabajo no remunerado (esencialmente de cuidados y de mantenimiento doméstico) se reparta de forma equitativa entre hombres y mujeres; reducción de los desplazamientos al trabajo y más tiempo para implicarnos en actividades bajas en carbono: deportivas, culturales, etc., y una economía más próspera debido a una mejor salud de las personas trabajadoras».

Durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2021, Más País ya exigió a cambio de su voto favorable que se incluyese una partida para financiar un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral. La propuesta fue rechazada, pero Más País asumió esta renuncia a cambio de que se siguiese negociando cómo aterrizar esta medida a lo largo de la legislatura. Entonces, la enmienda a los PGE que se presentó en este sentido denominaba este proyecto piloto «de complemento de reducción por jornada laboral» y se orientaba a subvencionar a las pequeñas y medianas empresas con líneas de ayudas plurianuales. Asimismo, se planteaba que el proyecto se diseñase por parte del Ministerio de Trabajo —función que ahora asumirá Industria— y se hiciese en colaboración con las comunidades autónomas que así lo requiriesen. En cualquier caso, la adopción del plan nunca podría comportar una reducción del salario de los trabajadores.

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